En las relaciones pol ticas tradicionales mapuche el longko

En las relaciones políticas tradicionales mapuche, el longko o autoridad tuvo la función de repartir las tierras, prerrogativa que perdió con los desplazamientos y las reducciones, situación que en unión al hecho de que los distintos gobiernos regidos por la intención del trato igualitario para los miembros de la comunidad (lof) no le convocaran más como figura mediadora y de autoridad, terminaron por descentrar su acción e incidencia en las comunidades mapuche. En resumen: “[…] lo que debilitó al longko fue el quiebre de las relaciones de reciprocidad basadas en la tierra. Al perder el longko la potestad sobre las tierras, y éstas se hacen finitas, se produce una tendencia olmesartan medoxomil la igualación en el estatus de sus miembros.” Frente a esta realidad, las comunidades se vieron orilladas a buscar intermediarios eficaces ya no por la vía de su longko sino a través de agrupaciones y partidos políticos, situación que más bien favoreció la injerencia de prácticas externas que les impusieron agendas políticas no surgidas de sus entrañas, en contra de estas prácticas se levantó la novedad del Consejo, es decir, los agentes externos fueron sustituidos por una organización con legitimidad en las bases comunitarias, posicionándose de esta manera como interlocutor que representaba a las comunidades. Por otro lado, desde el frente gubernamental, Patricio Aylwin, ya como presidente de la Concertación (1990-1994), respondía a sus compromisos de campaña adquiridos con los pueblos indígenas con el siguiente mensaje en la presentación del Proyecto de Ley Relativo a la protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas a la Cámara de Diputados el 15 de octubre de 1991: Tal proyecto de ley fue enviado al Parlamento del que salió desfigurado en otro documento, puesto que desaparecieron las propuestas de mayor aliento para normar nuevas relaciones entre el Estado y los pueblos originarios indígenas, por ejemplo, se sustrajeron las propuestas de reconocimiento constitucional y su participación en la gestión de los programas que a ellos les afectase en vistas a la protección de sus culturas y formas de vida. Tampoco se aprobó el Convenio 169 de la oit (su aprobación sucedió hasta 2008). Con este panorama, era claro que el régimen anterior mantenía su red de influencia y acción, manifiesta en la acotación de las aspiraciones de los pueblos originarios y en la promulgación de la Ley 19.253 el 28 de septiembre de 1993: Sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, que creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígenas (conadi), dependiente del Ministerio de Planificación. Su artículo 1 dice a la letra lo siguiente: Es decir, los avances se dieron en otra dirección: decididos apoyos a los proyectos hidroeléctricos, turísticos, forestales; el éxito sucedió para los pasos firmes y resueltos del modelo económico neoliberal y su libre afectación a Operator las tierras mapuche, que condicionaron la nueva oleada de jóvenes mapuche y la fundación de organizaciones con exigencias territoriales no ya de tierras solamente. Las organizaciones en resistencia coincidieron en la convicción de no pactar con los partidos políticos y contar con las bases comunales. Fernando Pairican contextualiza el entorno del que surgieron importantes agrupaciones que siguieron esta línea de lucha política: El ambiente político y jurídico que gestó la participación de las comunidades y la radicalización de las demandas mapuche puso en evidencia la incapacidad institucional de entendimiento democrático para los pueblos indígenas, abonó el terreno para que ocurrieran sucesos como los hechos de Lumaco el 30 de noviembre y la madrugada del 1° de diciembre de 1997, cuando un grupo mapuche quemó tres camiones cargados de pinos, expresión violenta que marcó un “antes y después” en la lucha efectiva por la recuperación de tierras, y expresión de los malogrados Acuerdos de Nueva Imperial. Por si fuera poco, la clase política tomó distancia del conflicto favoreciendo el clima social para la emergencia de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (1998). El conflicto mapuche vino a significar, a partir de aquí, movilizaciones y confrontaciones directas para la recuperación de tierras y territorio. En el “Planteamiento Político-Estratégico de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (cam)”, que vio la luz en el periodo de la presidencia de Ricardo Lagos en el año 2000, estableció el Proyecto Estratégico de resistencia desde las comunidades frente a los acechos capitalistas, y pretende la articulación entre las comunidades en conflicto con la reconstitución del pueblo nación mapuche para conducirlo a su liberación. Por lo que la reagrupación de comunidades y la acumulación de fuerzas cobran un perfil radical, al tiempo que se reconoce la inexistencia de una única propuesta que englobe a todo el movimiento mapuche porque la dispersión ideológica y la cooptación del gobierno de algunas organizaciones han hecho que no surja un solo frente, pero, de igual modo, es cierto que hay una solicitud que se perfila con mayor peso en el ambiente del movimiento mapuche: la demanda del derecho de autonomía. Otra de las características que define a la cam, es la asunción de que sus exigencias vienen de “abajo” desde las comunidades, y que en razón de esta fuente de legitimidad se instala como una organización vinculada a las comunidades en conflicto. El Planteamiento Político de la cam presenta las propuestas siguientes: