La Proclama se alaba que las Fuerzas

La “Proclama” señalaba que las Fuerzas armadas asumían la conducción del Estado con el propósito de “terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo.” En Guatemala, el “Comunicado Urgente al Pueblo” inmediatamente después del golpe del 23 de marzo de 1982 decía que: “El ejército de Guatemala, ante la crisis política, económica y social que un grupo de inescrupulosos guatemaltecos de manera continuada han sometido al país, ha tomado la decisión de reencauzar el camino de Guatemala por la ruta de la verdadera democracia.” La “Proclama del Ejército de Guatemala al Pueblo” del 24 de marzo de 1982 indicaba que era el Ejército la institución llamada a garantizar plenamente la pervivencia de las instituciones democráticas y “la existencia de un orden que le permita vivir en paz, trabajar honradamente y gozar de un clima político que en el futuro le permita la elección libre y limpia de sus gobernantes, así como dentro de ese orden gozar plenamente de los derechos inherentes a la personalidad humana”. Presentaba a la Junta Militar contra los gobiernos “corruptos” previos con el “objeto de crear las condiciones necesarias para el establecimiento futuro de un régimen basado en principios de auténtica democracia.” El 6 de abril, la Junta Militar de Gobierno expuso “14 Objetivos de Acción Gubernativa” para crear dichas condiciones, inspirados en los objetivos nacionales de la Doctrina de Seguridad Nacional, entre los cuales se pueden mencionar algunas modificaciones institucionales y morales “para alcanzar la verdadera democracia” como la reconciliación familiar, el respeto a los derechos humanos, a la dignidad individual y nacional, el establecimiento de un espíritu nacionalista y la creación de una Cyanine3.5 carboxylic acid para la integración étnica de la nación, la estimulación del “pensamiento desarrollista, reformista y nacionalista”, pero dentro del “sistema de libre empresa”. La promulgación del “Estatuto Fundamental de Gobierno” el 28 de abril por parte de la Junta Militar coronó la propuesta del “ejercicio temporal del poder público” al reemplazar la Constitución de 1965 hasta tanto las condiciones necesarias para la democracia no estuviesen dadas. De igual modo, en Argentina, tras el “Acta Fijando el Propósito y los Objetivos Básicos”, vino la “Proclama”, el “Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional” y los demás “Documentos Básicos” y “Bases Políticas” a Chemical complexity los que debía someterse transitoriamente la Constitución Nacional. En Guatemala, el poder público fue ejercido por una Junta Militar compuesta por un presidente y dos vocales que contarían con un grupo asesor integrado por oficiales superiores y subalternos. También fue la institución militar la encargada de corregir los desvíos al plan político-militar utilizando para ello dos vías: el disciplinamiento de la institución y el relevo de militares. Un ejemplo fue el relevo de los militares de línea dura de la primera Junta Militar en junio de 1982. El “golpe de palacio” fue llevado a cabo por el Estado Mayor del Ejército, el cual decidió que fuera Ríos Montt y su “juntita” de diez oficiales quienes desplazaran a los dos oficiales de Lucas García. Un segundo ejemplo fue el relevo del mismo Ríos Montt en agosto de 1983. En este caso, el consejo de comandantes decidió que fuera Mejía Víctores (ministro de Defensa de Ríos Montt) el jefe de Estado y ellos la “juntita” cuando Ríos Montt pretendió ser “el Pinochet” de Guatemala. Nacional y las elecciones para 1984 y 1985, respectivamente. Estas instituciones democráticas estaban contempladas en la “Proclama del Ejército” y programadas en el “Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo” para cumplir los objetivos de acción gubernativa y, por lo tanto, fueron ordenadas por el ejército. Este momento “protodemocrático”, como prefiere llamarlo Edelberto Torres-Rivas, consistió en una apertura al régimen político, con elecciones transparentes y abiertas, tutelado por la corporación y parte del proyecto político militar, y por ende contrainsurgente, diseñado en el año 1982 al igual que en Chile y Uruguay. Este proyecto tuvo la intención manifiesta de diferenciarse de los gobiernos militares previos que habían perdido consenso social al ser identificados con la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Finalmente, la puesta en acción de la institución electoral, el régimen civil electo y la apertura de espacios de participación política permitieron paradójicamente, como indicó Gramajo, continuar “la guerra” en el marco de una transición constitucional. Pero también iniciar a andar el camino de la democracia electoral, sin interrupciones hasta hoy día, tal como sucedió en las dictaduras del Cono Sur.